By SAM HAMOD.
*** The CIA in Iran
The Oily Business of Regime Change
By AHMAD FARUQUI.
*** Bush's Illegal War
Let Us Count the Violations
By DANIEL BACHER.
The Center for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia, compared the level of the carcinogen nitrosamine in Marlboro cigarettes - chosen for their availability across the globe - with local brands in 13 other countries, including Japan and Germany.
It found that in 11 of the countries, the local brands had much lower levels of the chemical than Marlboro cigarettes, in some cases less than half the amount.
CDC officials said that the higher levels were the result of the way tobacco in US cigarettes is cured and blended.
'Reducing harm'
The results, published in the Nicotine and Tobacco Research journal, could indicate that it is possible for manufacturers to lower the levels of the nitrosamine carcinogen in cigarettes, report author David Ashley told the Associated Press news agency.
Philip Morris USA, which produces Marlboro cigarettes, said that it was working with US tobacco growers to reduce the amount of the carcinogen in its product.
"We're trying to find a way to reduce the harm associated with our products by reducing the level of harmful constituents that smokers inhale," spokesman Brendan McCormick said.
'Reckless disregard'
However the CDC warned that nitrosamines are not the only carcinogen found in cigarette smoke, and said that reducing the level of one substance alone "does not guarantee a less hazardous cigarette".
And campaigners said that the study proved the cigarette industry had done little to remove harmful chemicals from cigarettes.
"[The] study is just the most recent example of the tobacco industry's reckless disregard for the health of smokers and yet another compelling reason why cigarettes need to be regulated by the federal government," President of the Campaign for Tobacco-Free Kids Matthew Myers told Reuters news agency.
More than 400,000 people in the US die each year from diseases caused by smoking, and it is the leading preventable cause of death in the nation, according to CDC statistics.
Heinz Dieterich
Rebelión
Por primera vez en dos siglos, América Latina tiene la posibilidad objetiva de liberarse de la tiranía de Estados Unidos, formalizada en 1825 con la Doctrina Monroe. Ahora depende de la madurez de los movimientos sociales y políticos de la Patria Grande, si se logra convertir esa posibilidad en realidad.
Presentado a: Giuliana Saravia - KRAFT FOODS
VZLA.
Las apariencias engañan. Aunque parezca que el gobierno tiene
el protagonismo en la situación actual, en la realidad se
encuentra reaccionando a la amenaza de la oposición de buscar
caminos democráticos para sacar al Presidente Chávez
del poder. En particular, en este momento el Presidente está
confrontando la amenaza de la pronta llegada de la fecha a partir
de la cual puede ser solicitado un referéndum revocatorio
en su contra: el 19 de agosto de 2003.
A pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a la
oposición sobre su articulación y operatividad, y
a pesar de que muchas de ellas tienen bases ciertas, el tema que
domina la situación política venezolana está
siendo puesto en vigencia por ella. La pregunta obvia es ¿qué
sucedería si la oposición mejora su articulación
interna?.
Las señales que se reciben del entorno indican que, una vez
finalizado el paro, la oposición ha ido adoptando como estrategia
la focalización en el referéndum revocatorio, aunque
esta focalización, por lo menos hasta ahora, luce a veces
más como un concepto que como un programa de acción
definido y en proceso de implementación.
Si la oposición no se articula mejor y no pasa “del
dicho al hecho”, lo más probable es que el
oficialismo, apoyado en sus estratagemas contra el referéndum
y contra cualquier otra reforma o conquista de la oposición
que amenace su poder, pueda mantener al Presidente Chávez
en su cargo.
Las rutas de la oposición
Las opciones que la oposición ha evaluado en los últimos
meses han sido el referéndum consultivo;
la reforma constitucional para recortar el plazo
del mandato del Presidente e introducir la doble vuelta; la
asamblea nacional constituyente; y, más recientemente,
el énfasis ha sido colocado sobre el referéndum
revocatorio. Todas estas opciones han sido evaluadas en
informes quincenales de DATANALISIS anteriores,
señalando las ventajas y desventajas de cada una de ellas,
concluyendo que el referéndum revocatorio es la ruta que
más probabilidades de éxito tiene en cuanto al objetivo
de reemplazar a Chávez en la Presidencia. No obstante, cualquiera
que sea la opción escogida, es obvio que el triunfo de la
oposición pasa por un proceso de sinceración,
unificación, organización y actuación eficaz
porque ésta debe ser capaz de vencer la tenaz resistencia
y la habilidad del oficialismo para evitar la implementación
de cualquier ruta que implique la salida de Chávez del poder
o el fin de la “revolución”.
De lo contrario, las probabilidades de que la “revolución”
se imponga como sistema de dominación son muy altas.
La necesidad de articular y movilizar a la oposición
hacia la desobediencia civil
El detallado análisis realizado en números anteriores
del Informe Quincenal de Escenarios Datanálisis ha puesto
de relevancia el precepto de que “dictadura no negocia”
y mucho menos para perder el poder. De allí que
si la presión sobre un gobierno de corte autoritario y con
rasgos totalitarios no es descomunal, no es lógico esperar
que el referéndum revocatorio ni mucho menos alguna otra
ruta de salida institucional de Chávez de la Presidencia
pueda ser exitosa. Cualquiera que sea la ruta que siga la
oposición, los escenarios vigentes, mostrados en el gráfico
a continuación, le indican a la oposición que la única
forma de enfrentar un régimen autoritario es a través
de la desobediencia civil.

Es necesario reiterar una vez más que las acciones en boga,
tales como “negociación”, “mediación
internacional” y “recursos legales” deben
ser mantenidas por todo aquel que se considere verdaderamente
democrático e institucional, pero teniendo presente
que esas acciones no son suficientes para lograr
la salida institucional del Presidente. Dichas acciones forman parte
de todo un territorio que conduce al escenario “Chávez
se queda”. De acuerdo con Gene Sharp, ya citado en
informes anteriores, las dictaduras -por definición- no aceptan
mediaciones internacionales, no aceptan procesos legales, ni negocian.
Todas esas formas de avenimiento son contra-natura para una autocracia
como la venezolana, porque ellas implican ceder poder o perderlo
y eso no tiene sentido para tal tipo de régimen.
Y aunque es necesario que la oposición se mantenga en la
mesa de negociación e insista en acciones legales, y aunque
ciertamente es fundamental la presencia de los mediadores y observadores
internacionales, ninguna de esas tres condiciones son suficientes
para lograr la vigencia de la democracia, lo cual a estas alturas
es evidente que pasa por la salida institucional, democrática,
legal y constitucional del gobierno del Presidente Chávez.
La aclaratoria sobre la forma legal de salida institucional viene
a colación porque dentro de los escenarios arriba descritos
y los patrones de conducta que los caracterizan también se
observa la opción de la “violencia”,
lo cual equivale a golpe de Estado, auto golpe de Estado u otras
salidas no institucionales. En este caso, las citas de
Gene Sharp, incluidas en números anteriores de este Informe
Quincenal de Escenarios Datanalisis, han enfatizado que es difícil
ganarle a un régimen dictatorial en una confrontación
violenta porque dichos regímenes controlan con gran ventaja
los medios de manejo de la violencia y porque difícilmente
quien remueva violentamente a un dictador va a repartir luego el
poder que logre concentrar en sí mismo. Entonces, si lo que
se quiere es una verdadera democracia y una economía de mercado
no es probable y es casi imposible que se logre esto empezando por
una salida que no sea de derecho.
Por otra parte, el simple hecho de tener el derecho a solicitar
el referéndum revocatorio y cumplir con todos los requisitos
legales al respecto no garantiza, ni remotamente, que tal derecho
se pueda ejercer efectivamente por parte de la oposición,
ni siquiera porque un 65% de la población votaría
a favor de que Chávez salga del poder ni porque un 88% de
la población esté de acuerdo con contarse. Esto último
implica que si los “chavistas” representan
aproximadamente el 35% de la oposición, más de la
mitad de los “chavistas” estaría de acuerdo con
que el Presidente se cuente, incluso en un referéndum revocatorio.
De allí que la única opción lógica que
queda, para conseguir una salida institucional, es impulsar la ruta
que se escoja, por ejemplo, el referéndum revocatorio, no
sólo con petitorios, firmas, discursos, propaganda y protestas,
sino también con desobediencia civil. Al
analizar las estrategias del gobierno a continuación, se
verá que éste precluye derechos, el diálogo
y hasta ignora su propio origen popular.
La estrategia del gobierno
Una buena parte de los esfuerzos del gobierno están dedicados
hoy en día a prepararse para neutralizar la amenaza del referéndum
protagonizada por la oposición. Todo ello a pesar de la poca
articulación de este sector. Otras estrategias del oficialismo
ya eran fruto de la iniciativa de este sector.
En general, dichas estrategias son:
- Colonizar, o sea penetrar y controlar las instituciones por parte
del oficialismo. Esta estrategia siempre ha caracterizado a este
gobierno, desde su inicio. Pero ahora se presta para utilizarla
en contra del referéndum revocatorio. En este momento, los
esfuerzos del oficialismo se concentran en asegurar el control del
CNE y del TSJ.
- Mantener un estado constante de agitación y movilización
política en función de la colocación de temas
explosivos en la agenda pública.
- No resolver ninguna crisis sino taparla con otra que le siga.
- Promover el empobrecimiento y la dependencia de la población
del gobierno para poder controlarla, a la vez que se destruyen las
empresas privadas venezolanas.
- Controlar los medios de comunicación privados. En este
punto, el oficialismo no logró suficiente consenso interno
en torno a la llamada Ley de Contenido, razón
por la cual la estarían sustituyendo por la Ley de Disidencia
o llamada “contra el Terrorismo”. Según
esta ley cualquier medio que divulgue una noticia que pueda alarmar
a la población, puede ser sancionado. La otra posibilidad
es que el oficialismo esté esperando el timing propicio para
efectuar la segunda discusión y eventual aprobación
de la mencionada Ley de Contenido.
- Neutralizar el referéndum a través de una gama de
manipulaciones legales tipo Fujimori.
Adicionalmente, las rutas del gobierno frente al referéndum
pueden ser las siguientes:
1.
Aceptarlo limpiamente.
2.
Negarse a su realización.
3.
Aceptarlo bajo un esquema de fraude y abstención.
4.
Suspender las garantías o dar un autogolpe de Estado.
5.
Retardar el referéndum.
1. Aceptarlo limpiamente.
Esta opción parece estar descartada. Es contra-natura para
un gobierno autoritario aceptar la realización de
un referéndum revocatorio, sobre todo si éste amenaza
con la supervivencia del régimen. Esto equivaldría
a
aceptar el imperio de la ley cuando en una autocracia quien impera
es el autócrata.
2. Negarse a su realización.
Negarse a la realización del referéndum equivale a
exacerbar todas las fuerzas, nacionales e internacionales, en contra
del gobierno y, sobre todo, a mostrar la cara antidemocrática
que ha tratado de esconder hasta ahora, porque sabe que esto es
fulminante en las relaciones internacionales y para la poca legitimidad
que todavía mantiene en algunos sectores de la población.
Todo esto conduciría a potenciar el referéndum revocatorio
y la salida institucional del gobierno del poder.
3. Aceptarlo bajo un esquema de fraude y abstención.
Como ocurre con la mayoría de los regímenes autoritarios
que se ven forzados a ir a una consulta cuyo potencial deslegitimador
es alto –verbigracia, Marcos Pérez Jiménez,
diciembre de 1957-, estas consultas terminan siendo amañadas
a través de fraude y, en este caso, de la abstención.
Algunas de las principales formas de llevar a cabo el fraude son
alterar el REP ( Registro Electoral Permanente); inscribir a extranjeros
no nacionales en dicho registro, cedulándolos; cambiar las
listas de los centros de votación sin que los afectados –de
la oposición- lo sepan; alterar los programas electrónicos
de conteo y procesamiento de votos; alterar las actas de votación,
etc. En cuanto a la abstención, esta figura entra en juego
debido a los filtros que estableció la Constitución
de 1999 en relación a los referéndos revocatorios:
- El primero de estos filtros es el porcentaje de firmas que deben
recogerse para solicitar la revocatoria de mandato: 20% de los electores,
es decir, de los inscritos en el REP (Artículo 72). En el
caso del cargo del Presidente, los electores son todos los inscritos,
aproximadamente 12.500.000, o sea que se requieren 2.500.000 firmas.
- El segundo filtro es que debe concurrir al referéndum al
menos el 25% de los votantes correspondientes al cargo. En este
caso 3.125.000 votantes.
- El tercer filtro es que no basta que los votos a favor de que
un incumbente deje el cargo sean más que los votos de quienes
quieran que se quede. Además, para lograr la revocatoria
hay que superar el número absoluto de votos que recibió
el incumbente en su elección. En el caso de la relegitimación,
el 30-07-00, Chávez recibió 3.757.773 votos. La consecuencia
de estos filtros, sobre todo del tercero, es que si se logra elevar
la abstención, por más grande que sea la diferencia
porcentual entre los votos SI y NO, si no se logran 3.757.774 votos
en el referéndum en contra del Presidente, éste no
saldría del cargo, por esta vía. Aquí vale
la pena hacer algunas observaciones sobre la abstención para
identificar el nivel que ésta debe alcanzar para blindar
a Chávez, siempre partiendo de que la intención de
voto que hemos venido reportando, durante los últimos 12
meses en Escenarios Datanalisis es de un promedio de 63% por la
revocatoria del mandato y obviando las consideraciones sobre qué
sector sería más propenso a abstenerse, el oficialismo
o la oposición. Esto último sobre-simplifica los siguientes
cálculos pero hace más fácil transmitir la
idea.
- Con 40% de abstención, igual a la registrada el 30-07-00,
irían a votar alrededor de 7.500.000 electores (sobre un
total de inscritos en el REP de 12.500.000, aproximadamente), de
los cuales el 63% equivale a 4.725.000 votos en contra de Chávez,
luego éste sale de la Presidencia.
- Con 50% de abstención, el 63% sería 3.937.500 en
contra; Chávez sale de la Presidencia.
- En cambio, con 55% de abstención, el 63% sólo logra
3.543.750 de votos en contra; luego, aún perdiendo el referéndum,
en este caso Chávez se queda en el cargo, y se queda blindado
contra otro referéndum porque el mismo artículo 72
de la Constitución señala que... “Durante el
período para el cual fue elegido...no podrá hacerse
más de una solicitud de revocación de su mandato”.
Según esta metodología –sencilla– de cálculo,
el punto de quiebre está, aproximadamente, alrededor del
53% de abstención. Es decir, si las circunstancias de la
población o el oficialismo logran que la abstención
llegue a ese nivel, y sin entrar a considerar qué sector
se abstiene más o menos, el revocatorio no sacaría
a Chávez del poder.
Eso no es difícil de lograr con el terror que infunden los
círculos bolivarianos armados, la propaganda en contra de
la oposición y las manipulaciones demagógicas, como
el caso de los mercados populares recién
inaugurados, MERCAL. Todo lo cual sugiere que ya Chávez está
en campaña, en todos estos frentes, para neutralizar el referéndum.
Esto explica la relación, a primera vista extraña,
entre el referéndum y la proposición introducida en
la mesa de negociación, por parte de César Gaviria
y la oposición, de que se produzca el desarme de la población
civil como parte del acuerdo sobre dicho referéndum y, segundo,
que lo supervisen los países amigos y la comunidad internacional
a través de organismos internacionales como la OEA y la propia
ONU.
4. Suspender las garantías o dar un autogolpe de
Estado.
Siguiendo la lógica anterior, en la medida que el gobierno
se ve compelido a realizar el referéndum para descarrilarlo
puede optar por tolerar y aupar un clima de violencia política
interna, por intermedio de las guerrillas, o peor aún, una
confrontación con Colombia. Nótese que respecto al
clima de violencia, parecieran existir algunas señales como
las bombas colocadas en los Consulados de España, Colombia
y, más recientemente, en el edificio del Caracas Teleport,
sede, esta última, de las reuniones de la mesa de negociación,
además de los secuestros, cobros de vacuna y conflicto violentos
por la ocupación de tierras [1],
En el caso del conflicto con Colombia ya hay una averiguación
abierta por parte del gobierno colombiano en cuanto a la posible
participación de pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana
en el bombardeo de un foco guerrillero en territorio colombiano.
Y además, el Fiscal colombiano ha hecho la denuncia de que
la guerrilla colombiana está en territorio venezolano, lo
cual está agriando las relaciones entre ambos países.
5. Retardarlo.
Esta es la mejor opción para el oficialismo y probablemente
la que trate de seguir. Este juicio se desprende
del hecho de que todas las opciones anteriores o son muy riesgosas
para el oficialismo o son ilegítimas, es decir, evidencian
el rostro antidemocrático que el régimen se niega
a confesar porque lo colocan como un “estado delincuente”
a nivel internacional e internamente y provocan fuertes e inmediatas
reacciones en su contra, tanto de civiles como de militares.
Los mecanismos para lograr retardar el referéndum son, entre
otros, los siguientes:
• La decisión del TSJ cuando dijo que el consultivo
sí era aplicable al Presidente, pero que no podía
hacerse hasta tanto no se eligiera el CNE definitivo. Esta estrategia
empezó a implementarse hace ya tres meses. Por este tipo
de cosas es que parece que el gobierno llevara la iniciativa, cuando
en realidad lo que pasa es que está reaccionando desde hace
ya tiempo para torpedear el referéndum revocatorio.
• El control del oficialismo sobre la Comisión Preliminar,
integrada por diputados de la Asamblea, para integrar el Comité
de Postulaciones que propondría los candidatos definitivos
a la AN para ser electos como Directores del CNE.
• La integración final del Comité de Postulaciones,
la cual, aún dando por descontado que de los 10 miembros
postulados por la sociedad civil cinco son afectos al gobierno y
cinco de la oposición, el oficialismo ya contaba con una
mayoría de diputados en la Comisión Preliminar (6
a 5) para decidir quiénes serían los candidatos a
integrar el Comité. Además, estos diputados son los
que les hicieron las entrevistas a los candidatos.
• Plantear la integración del CNE -compuesto por cinco
directores principales-, por dos de la oposición, dos del
oficialismo y un “supuesto independiente”.
Sin embargo, esto es inconstitucional por cuanto el artículo
296 señala que los cinco directores principales del CNE serán
personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos.
Esto, pese a ser un error por parte del gobierno y la oposición,
beneficia al gobierno.
• Una vez electo el directorio del CNE –y ya está
retrasado- el CNE puede decidir avocarse a elaborar su Reglamento
Interno, para lo cual la Ley del Poder Electoral le confiere un
plazo de 180 días continuos (6 meses).
• Adicionalmente, en la Asamblea Nacional no se está
discutiendo en este momento la integración del CNE, sino
que, por el contrario, la Asamblea está avocada a discutir
otra serie de leyes totalmente secundarias y hasta contraproducentes,
como la Ley sobre el delito cambiario.
• Dentro del mismo período antes señalado (6
meses), el CNE debe aprobar el Estatuto del Funcionariado Electoral
y el Sistema de Remuneraciones del personal.
• Por si fuera poco, dentro de ese mismo período se
debe llevar a cabo la evaluación del personal del CNE, a
los fines de ser reclasificados conforme a la nueva estructura de
cargos adoptada.
• Además, el CNE tiene un año de plazo –de
acuerdo a lo que dispone la misma ley - para elaborar el Proyecto
de Ley de Procesos Electorales y de Referendos.
• Paralelamente, dentro de ese mismo plazo de 1 año,
el CNE debe elaborar el Proyecto de Ley de Registro de Estado Civil
de las personas. Si bien estos dos últimos proyectos corren
en paralelo dentro del CNE, ambos tienen que ser sometidos a la
Asamblea Nacional para su discusión y aprobación,
sin que exista ninguna obligación legal de la Asamblea para
que se avoque con urgencia a decidir en torno a esas leyes.
• Cualquier reforma a la ley electoral impediría la
realización de cualquier elección o referéndum
por seis (6) meses, de acuerdo al artículo 298 de la Constitución.
• Desconocimiento de las firmas recogidas en el “Firmazo”,
lo que obligaría a una nueva recolección.
• Adicionalmente, una vez recogidas, debe producirse la validación
de firmas por parte del nuevo CNE, lo cual tardaría, por
lo menos un mes más.
• Un posible nuevo requisito puede ser aprobado por el CNE,
una vez que se recogieron las firmas: “falta la huella digital”.
Esto obligaría a volver a recogerlas.
• Entre los nuevos requisitos que se han discutido en los
corrillos del oficialismo, está la exigencia de que los que
votaron en julio de 2000 son los únicos que podrían
votar en el referéndum. ¿Insólito?, ¿inconstitucional?,
sí, pero se puede llamar “revolucionario”.
Automáticamente, esta medida lograría un 40% de abstención
y sólo restaría lograr alrededor de un 13% adicional
para que la oposición pierda su cometido de sacar a Chávez
del poder.
• El chavismo ya ha planteado que, a pesar de que el Presidente
fuese sacado de la Presidencia por un referéndum, Chávez
volvería a presentarse como candidato en las elecciones que
se celebrarían 30 días más tarde. Esto no tiene
ningún asidero en el espíritu de la ley, en la jurisprudencia
internacional ni en doctrina jurídica alguna, pero lo pretenden.
Y si bien lo más probable sea que, de presentarse la situación,
no logren que el Tribunal Supremo dé un veredicto favorable
a tal pretensión, sí le sirve el tema al oficialismo
para su propósito de comprar tiempo para descarrilar el referéndum.
Por ejemplo, se puede plantear que, hasta que no se pronuncie el
TSJ al respecto, no se debe realizar el referéndum.
• El caso anterior y muchos otros pueden servir de excusa
para que el tema salga de las manos del CNE y pase al TSJ para decidir
cualquier desavenencia entre las partes. De allí el interés
que tiene el oficialismo en aumentar el número de magistrados
del Tribunal Supremo de 20 a 30, asumiendo que controlaría
las postulaciones de la misma manera que lo hizo en la elección
de los candidatos a directivos del CNE.
• Adicionalmente, el gobierno puede alegar, pese a la autonomía
funcional y presupuestaria e independencia orgánica que le
atribuye el artículo 3 de la Ley del Poder Electoral al CNE,
que no dispone de recursos suficientes para enviarlos al organismo,
que debe presupuestarlos para el próximo ejercicio fiscal
o, en caso de tenerlos, puede retrasar la transferencia de recursos
mediante trabas burocráticas.
• El nuevo CNE también podría alegar, especialmente
si está compuesto mayoritariamente por miembros relacionados
con el oficialismo, que los plazos establecidos para cumplir con
las obligaciones legales son imposibles de satisfacer.
• El CNE puede considerar oportuno iniciar un proceso de
“revisión y depuración del Registro Electoral
Permanente”, lo cual podría retrasar varios
meses más el proceso.
• El papel logístico y de guardianes de la inviolabilidad
de todo proceso electoral que cumple la Fuerza Armada a través
del Plan República puede ser distorsionado en cualquiera
de sus múltiples facetas, a objeto de contribuir al fraude
o a la abstención por falta de vigilancia y seguridad o por
el sesgo que le pueda imprimir un Alto Mando militar sometido a
la voluntad del Presidente.
• El contexto del referéndum revocatorio también
puede ser alterado si, por ejemplo, el oficialismo crea confusión
llamando a referéndum revocatorio para varios de los cargos
en manos de la oposición. Más contundente aún
en este sentido sería que el Presidente anuncie, unas semanas
antes de que se realice el eventual referéndum, su propuesta
de realizar una reforma constitucional dirigida a adelantar las
elecciones de todos los cargos elegibles por la población.
Es de suponer que esta propuesta cuente con el apoyo del bloque
chavista en la Asamblea Nacional y que divida a la oposición,
con lo que podría contar con los dos tercios necesarios para
reformar la Constitución y, en su defecto, servir de distracción
y de campaña electoral para sumarle votos a Chávez
en el referéndum por su “magnanimidad”.
• Otras acciones del oficialismo tendientes a descarrilar
el referéndum serían más bien efectistas, tales
como el surgimiento de la guerrilla en Venezuela, conflictos con
Colombia y la misma protesta contra el régimen, que logre
levantar la oposición, pueden ser utilizadas como justificativos
para declarar un estado de excepción.
• Un auto-golpe o un golpe simulado también servirían
al propósito de descarrilar el referéndum.
Cabe destacar que la comunidad internacional y, en particular, el
Grupo de Amigos, está siguiendo detenidamente la evolución
del caso venezolano en función de:
- El cumplimiento del eventual cronograma que debería establecerse
para la aprobación del referéndum revocatorio, bajo
el supuesto de que éste se realice antes de concluir el 2003.
Este particular interés de varias naciones por la ejecución
del referéndum explica, por contrapartida, por qué
el oficialismo rechaza del borrador de acuerdo de la Mesa de Negociaciones
el punto en el que se señala que los organismos internacionales
y el Centro Carter sean los “garantes”
del acuerdo, además de observadores del proceso de votación.
También explica por qué el oficialismo rechaza la
fijación de una fecha para la realización del referéndum
por parte de la Mesa de Negociaciones. Si el Secretario General
de la OEA es el facilitador de dicha Mesa, es obvio que la fijación
de una fecha comprometería aún más al oficialismo
ante la comunidad internacional.
- La legalidad del proceso mediante el cual el oficialismo intente
nombrar los 10 Magistrados adicionales del TSJ.
- El estado de la libertad de expresión, en especial los
controles legales con los que el gobierno está intentando
“sujetar” a los medios de comunicación
privados, bien sea la Ley de Contenido o la Ley Contra el Terrorismo,
las averiguaciones administrativas a que están sometid os
varios de los principales medios del país o acciones de amedrentamiento
como las seguidas contra El Nacional en abril de 2002 y las presiones
inadmisibles contra la libertad de expresión, tal y como
se está practicando al no otorgarle divisas a ninguno de
los medios, en particular a la prensa para la importación
del papel.
- Relaciones de Venezuela con la guerrilla colombiana, con movimientos
indígenas en Sur América y con Irak, Libia y Cuba.
Los grandes mensajes que se desprenden de esta lista, todavía
inacabada de posibles acciones del oficialismo para retardar el
referéndum son:
- Estas acciones son doblemente engañosas. Inicialmente,
el oficialismo se niega a dar cualquier paso en la dirección
del revocatorio, luego lo acepta, pero utiliza todas las herramientas
de que dispone para descarrilarlo. Obsérvese que el borrador
del preacuerdo de la Mesa de Negociación fue realizado con
la participación de ambas partes. Originalmente se negaban
a considerar la materia, compraron 6 meses de tiempo, planteando
nimiedades y generalidades (“La Paz”)
y ahora el oficialismo se niega a firmarlo tal y como está
por las razones arriba señaladas. Por otra parte, el engaño
no está en lo substancial, no radica en negarse al referéndum;
eso sería demasiado obvio e irritante, como ya indicamos.
El engaño está en lo adjetivo o circunstancial, en
que lo que se busca no es realizar el referéndum si no la
fecha tardía.
Transcurrido el cuarto año de gobierno, hasta agosto de 2004,
aún perdiendo el referéndum, el Presidente le entregaría
el poder a su vicepresidente, con lo cual su “revolución”
continuaría. Por todo esto es obvio que esta es
su estrategia y no las otras opciones.
- Más importante aún, debe observarse que todas las
artimañas arriba señaladas para lograr cualquiera
de las opciones: 1) retardar; 2) desvirtuar por fraude o abstención
el referéndum, están fundamentadas en el control de
las instituciones que tiene el oficialismo y no en el apoyo de la
mayoría ni en la popularidad del Presidente.
Esta última consideración permite identificar uno
de los dos ejes de incertidumbre de los escenarios específicos
del referéndum revocatorio, el relativo al potencial de influencia
del oficialismo. Dicho potencial se basa en la capacidad de este
sector de mantener el control sobre las instituciones públicas.
Mientras las
controle, puede aspirar a mantenerse en el poder, evitando, en el
caso de este análisis en particular, la realización
del referéndum a tiempo para sacar al Presidente y a la revolución
del poder. Pero si pierde ese control, entonces puede ser que se
recupere la vigencia de la ley y el derecho y que se realice el
referéndum
en condiciones en que lo perdería efectivamente.
Nótese que ese control institucional no tiene, a estas alturas,
estrecha relación con la popularidad e imagen
del Presidente. Más bien, hasta se podría plantear
lo contrario: mientras más control institucional ha ido logrando,
menos popularidad tiene. En este sentido se pueden identificar tres
etapas del gobierno actual, definidas en función de los factores
de poder que más ha cultivado o cultivará en el futuro
cercano.
La Estrategia de la Oposición
La oposición no tiene una estrategia tan clara como la del
gobierno. Lo que sí es un hecho es que se está focalizando
alrededor del referéndum revocatorio, en vez de dispersarse
en otras rutas, como la elección presidencial, que, además,
la dividen.
En todo caso, los grandes desafíos de la oposición,
si quiere ser contundente, serían:
• Sincerarse. Existen sectores que se dicen de la oposición
que están con el gobierno y otros que, al menos, le apuestan
a que el gobierno concluya su mandato porque en este momento no
les conviene una elección.
• Unificarse.
• Focalizar todas sus acciones y estrategias sobre el referéndum.
• Organizarse adecuadamente para lograrlo, lo cual pasa por
lograr darse a sí misma un liderazgo para esa campaña
y no para nada que se relacione con elecciones presidenciales.
• Empezar a actuar desde ya en función de un cronograma
de implementación del referéndum.
• Realizar las acciones consiguientes de manera eficaz.
• Alzar la protesta oportuna en contra de cada traba, trampa
y manipulación con las que el oficialismo está tratando
de retardar el referéndum. Considerando siempre que la simple
protesta no ha sido suficiente para hacer que el régimen
respete la ley ni el derecho. De allí que debe asumir el
reto de promover la desobediencia civil, sin caer en la violencia.
De aceptarse la validez de este punto, la oposición debería
estar protestando en este momento el hecho de que la Asamblea Nacional
no está eligiendo a los nuevos directivos del CNE, sino ocupándose
de proyectos absurdos, como la Ley Penal Cambiaria.
• Lograr el control por mayoría de algunos de los poderes
públicos o, en su defecto, que el oficialismo pierda el control
de los mismos.
• No caer en la trampa de seguir atacando al Presidente, invirtiendo
recursos en donde no está el meollo del asunto. El meollo
está en el control de las instituciones y, por ende, en los
pocos individuos que hacen la diferencia en sus decisiones. El gran
reto de la oposición tiene, entonces, dos caras: su articulación
interna alrededor del objetivo común representado por el
referéndum revocatorio; y la cara externa, rescatar la autonomía
de las instituciones, lo cual se relaciona con crear situaciones
de desobediencia civil, según se explica a continuación.
Desobediencia civil se define por “hacer lo que está
injustamente prohibido y lograr que el oficialismo caiga en la provocación
de utilizar la violencia en contra de los desobedientes”.
El uso de dicha violencia hace que el sector oficial, cada vez más
represivo, pierda legitimidad, apoyo y hasta que se divida internamente.
Es decir, la desobediencia civil no sólo es condición
necesaria para ejercer suficiente presión sobre el gobierno
a través de la ingobernabilidad, sino sobre
todo, para lograr el resquebrajamiento del control que ejerce el
oficialismo sobre algunos poderes públicos y devolverles
su autonomía.
Si bien el término “desobediencia civil”
es percibido como algo remoto, extraño, importado del pensamiento
ghandiano, no hay que ir tan lejos para encontrar un ejemplo de
qué es y cómo implementarla de manera exitosa: desobediencia
civil fue lo que ocurrió el 11
de abril de 2002 en todo el contenido de la definición
arriba utilizada y el efecto de esa jornada fue tal y como lo prevé
dicha definición: el oficialismo reprimió violentamente
a quienes desobedecieron la prohibición, injusta, de marchar
a Miraflores, y los muertos y heridos provocaron la pérdida
de legitimidad y la división del oficialismo al punto que
la mayoría de los militares se unieron a los civiles en desconocer
la autoridad del Presidente y hacerle renunciar al cargo, “lo
cual aceptó”. Además, se desaparecieron
y escondieron un número suficiente de representantes del
oficialismo en los diversos poderes públicos de forma que
perdieron el control de los mismos.
Precisamente, esto es lo que más hace innecesario el decreto
del día siguiente, el 12 de abril de 2002, disolviendo dichos
poderes. Grave error de cálculo, pues ya estaban bajo el
control de la oposición, como lo había anunciado
Luis Miquilena por televisión el día anterior.
De la lista de condiciones sobre la articulación de la oposición
se desprende el concepto del otro eje de incertidumbre que conforman
los escenarios del referéndum revocatorio.
Específicamente, el potencial de influencia de la oposición
depende de su grado de articulación y movilización
coherente y disciplinada en función de los 9 puntos arriba
listados. Todos ellos dirigidos a provocar la desobediencia
civil y, sobretodo, la pérdida del control institucional
que tiene el oficialismo y que está usando para blindarse
contra el referéndum.
Los Escenarios del Referéndum Revocatorio
La interdependencia de los factores aquí considerados se
puede sintetizar en la formulación de los escenarios del
referéndum.
Los ejes de incertidumbre que conforman los escenarios del referéndum
son los siguientes: 1) el control del oficialismo sobre las instituciones
y 2) el nivel de articulación de la oposición:
- Los valores del eje del oficialismo son: mantener su control sobre
los poderes públicos e instituciones de las cuales dependen
sus acciones en contra del referéndum o perder dicho control.
- Los valores del eje de la oposición son diversos grados
de articulación y movilización que están definidos
por el grado de cumplimiento o no de los 9 puntos arriba desarrollados.
De la combinación de estos valores se desprenden
los siguientes escenarios:
- “El oficialismo se niega a realizar el referéndum”,
producto de la combinación de una baja articulación
de la oposición y un elevado control institucional del oficialismo.
Este escenario es tan contraproducente para el oficialismo que resulta
muy improbable.
- El oficialismo retarda el referéndum hasta
concluido su cuarto año de gobierno y, de realizarse, entrega
el poder a otro “revolucionario”, producto
de la combinación de un alto control institucional del oficialismo
y de una articulación mediocre de la oposición.
- El oficialismo ve inminente el referéndum y se
prepara para desvirtuarlo mediante fraude y abstencionismo.
- El referéndum revocatorio se realiza en buena lid y Chávez
sale del poder, producto de una muy alta articulación de
la oposición cuya movilización produce tal desobediencia
que hace perder la gobernabilidad y contribuye
a que el oficialismo pierda el control institucional. Dichas instituciones
dan curso legal y equitativo a la realización del referéndum
y a la salida de Chávez y de la “revolución”
del poder.
Ghandi señalaba que uno de los impactos de la desobediencia
civil, en la medida que provocaba reacciones violentas del oficialismo
en contra de opositores pacíficos, era la caída de
la moral del grupo agresor, el desarrollo de un sentido de culpa
y el miedo a que, de mantener ese curso represivo de acción,
la oposición eventualmente gane la guerra, aunque pierda
algunas batallas, apabullada por la superioridad inicial en el uso
de la violencia por el oficialismo.
Una alternativa a la desobediencia civil que se ensaya en este escenario
es concentrarse en desmontar las
pequeñas ventajas que tiene el gobierno en los poderes públicos,
presionando a los miembros más vulnerables
del oficialismo para que cambien su posición.
La principal consecuencia de los tres primeros escenarios es que
todos ellos equivalen a la conclusión formal de la etapa
semi-constitucional del gobierno chavista y su entrada en abierta
dictadura, o sea, que las manipulaciones legales y progresivas que
están realizando terminan sumando o equivaliendo a un golpe
de Estado por cuotas y llega a ser visto como tal.
La hipótesis de varios militares y analistas
es que eso hará que, así como el sector militar ha
apoyado al régimen o se ha abstenido de confrontarlo (excepto
el 11 y 12 de abril), a partir de esta “transubstanciación”
del régimen, y por su mismo apego a la Constitución,
los militares pasarían a considerarlo inconstitucional
y se opondrían al mismo. Y la mayoría de
la población se sentirá definitivamente frustrada
en su aspiración de sustituir a Chávez por otro presidente,
con lo que puede arreciar su oposición al régimen.
Sin embargo, las reacciones de la población y de sus representantes
institucionales tienen que estar necesariamente articuladas y activas
para que la inconstitucionalidad del régimen tienda a cambiarlo.
Por el
contrario, también es posible que las reacciones de la oposición
se caractericen por ser desarticuladas y pasivas, lo cual, sumado
a la entrada del régimen en su etapa abiertamente represiva,
obliga a considerar la vigencia del escenario Chávez
se Queda, si no hasta el 2021, por lo menos para un rato
más.
El escenario menos estable y que más provoca una reacción
contraproducente es el de “Chávez rechaza el
Referéndum”. Es demasiado obvio. Por eso es
tan improbable.
El escenario de “Fraude y Abstención”
es relativamente más estable que el anterior, sobre
todo si sucede por abstención más que por fraude.
La abstención sería apabullante para la oposición,
la deja sin argumentos; mientras que el fraude la puede
incendiar contra el régimen, con el apoyo
de los observadores internacionales.
Por supuesto, el escenario del referéndum que más
beneficia a Chávez es el de “Retardarlo”
hasta que pueda entregarle a su vicepresidente, quien,
para esa fecha, lo más probable es que no sea José
Vicente Rangel sino el hermano del Presidente, Adán
Chávez, su maestro político, el “iniciador”
de la carrera política del Presidente y el que lo
motivó a entrar al Ejército para formar en él
una célula del Partido Comunista y derrocar la IV República.
Bajo la combinación Adán Chávez presidente
y Hugo Chávez en campaña electoral, en campaña
de control institucional y en campaña de control militar
y de reorganizacón de fuerzas paramilitares, es difícil
pensar que pueda perder la elección del 2006. Esto
último ocurriría sobre todo si la oposición
se presenta con varios candidatos fruto de su propia
estupidez y, con otros fruto del financiamiento que reciban del
chavismo.
La estabilidad del escenario “Chávez se cuenta
equitativamente y pierde el referéndum” depende
de los resultados de la elección posterior y de la calidad
del gobierno que pueda formarse. Al menos en el proceso
electoral, se deben prever problemas para la oposición si
Chávez es autorizado a ser candidato. En este caso volvemos
al problema del número de candidaturas de la oposición
y quién las financia.
Ninguno de estos caminos promete ser sencillo ni fácil,
así que el camino del éxito para la oposición
parece ser uno sólo.
..........................................................
*
Notas:
EDITOR: José Antonio Gil
Yepes
REDACCIÓN: José Antonio Gil Yepes,
Luis Vicente León Y John Magdaleno
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PIDEN AL GOBIERNO QUE DENUNCIE LA INVASION DE EE.UU. A IRAK Por: DYN (Fecha publicación:28/05/2003) |
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El
juez federal Rodolfo Canicoba Corral remitió un oficio a la Cancillería mediante
el cual solicitó al Gobierno Nacional que denuncie ante la Corte Penal Internacional
los delitos contra la humanidad cometidos en la invasión a Irak que lideró
Estados Unidos. La información fue difundida por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que en abril último radicó una denuncia penal contra los Estados Unidos y las naciones aliadas que participaron de las hostilidades contra Irak. Posteriormente el fiscal Eduardo Freiler se presentó ante la Cámara Federal porteña y promovió una investigación por 'conspiración contra la paz, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra', que por sorteo recayó en el tribunal a cargo del juez Canicoba Corral. En el caso comenzó a intervenir el fiscal Miguel Angel Osorio, que el 25 de abril propuso una serie de medidas de prueba. Osorio 'enfocó la cuestión como delito de genocidio, resultante del hecho de haberse atacado militarmente a Irak y de la disparidad de las fuerzas existentes', informó hoy la Asociación de Abogados, que agregó que sorpresivamente el fiscal pidió, semanas después del inicio de la investigación, el archivo del expediente. En ese marco, el juez Canicoba remitió copias del sumario al Ministerio de Relaciones Exteriores y sugirió que el Estado Argentino denuncie los hechos descriptos por Freiler ante la Corte Penal Internacional. Para la Asociación de Abogados, la decisión de Canicoba 'apunta al posible juzgamiento de crímenes de derecho internacional por parte del Tribunal creado precisamente para impedir su impunidad'. La entidad lamentó que 'ya no existan masivas manifestaciones de condena a la guerra en las principales ciudades del mundo'. Y anunció que pedirá al presidente Néstor Kirchner 'el cumplimiento de la recomendación del juez Canicoba, ya que será un gran aporte a la vigencia y desarrollo del derecho internacional, con los que acaba de comprometerse el nuevo Gobierno argentino'. |
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redaccion@argenpress.info | ||
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A report in the Washington Post has cast devastating new light on claims by the New York Times correspondent Judith Miller that the US military had uncovered the “smoking gun” of Iraqi “weapons of mass destruction” (WMD). Post media correspondent Howard Kurtz revealed May 26 the contents of an e-mail exchange between Miller and Times Baghdad chief John Burns in which the former acknowledges that long-time US government asset Ahmad Chalabi of the Iraqi National Congress “provided most of the front page exclusives on WMD” to the Times.
The failure of the US military to discover chemical and biological weapons in Iraq, the chief pretext for the “pre-emptive” invasion and overthrow of the Saddam Hussein regime, has been an ongoing political embarrassment for the Bush administration.
Various clumsy efforts have been made since the end of the war, most prominently by Miller, to provide proof, even the slimmest, of these weapons’ existence. In a series of lurid articles in late April and early May, picked up by other news sources and widely distributed, the Times’s reporter claimed essentially that American forces had discovered the much-looked-for evidence of Iraqi weapons of mass destruction.
In an April 21 piece, for example, headlined, “Illicit Arms Kept Till Eve of War, An Iraqi Scientist Is Said to Assert,” Miller claimed that an unnamed Iraqi scientist had been found who asserted that the Hussein regime had 1) destroyed its stocks of chemical weapons only days before the US invaded; 2) shared its weapons technology with Syria; and 3) collaborated with Osama bin Laden’s Al-Qaeda. All three claims conveniently dovetailed with Bush administration positions. Miller’s article, however, provided nothing to substantiate these charges other than anonymous sources in the US military’s Mobile Exploitation Team Alpha (MET Alpha), the unit hunting for WMD.
Miller added this extraordinary disclaimer: “Under the terms of her accreditation to report on the activities of MET Alpha, this reporter was not permitted to interview the scientist or visit his home. Nor was she permitted to write about the discovery of the scientist for three days, and the copy was then submitted for a check by military officials.
“Those officials asked that details of what chemicals were uncovered be deleted. They said they feared that such information could jeopardize the scientist’s safety by identifying the part of the weapons program where he worked.”
In other words, Miller was asking her readers to take the Pentagon’s word for it that the man even existed. Nothing more has been heard of this “Iraqi scientist” in the intervening four weeks (after one more appearance April 23), and MET Alpha was apparently reassigned to searching for Jewish antiquities. The Washington Post reported on May 11 that the “group directing all known U.S. search efforts for weapons of mass destruction in Iraq is winding down operations without finding proof that President Saddam Hussein kept clandestine stocks of outlawed arms, according to participants.” MET Alpha is preparing to leave the country without having found any chemical or biological weapons.
On May 13, at a press conference, Maj. Gen. David H. Petraeus, commanding general, 101st Airborne Division, was asked by a reporter “why no technical weapons of mass destruction have been found, much less any facilities or labs, given the ground that your units have covered.”
Petraeus replied: “Well, one of the speculations, of course, is that the individual who, in fact, passed the note to our soldiers around Karbala and who was subsequently interviewed at some length by the 75th Exploitation Brigade—and I think that Judith Miller wrote some articles about him in the New York Times—he claims that whatever they had left was destroyed shortly before the war. So that again is one theory.” Miller’s “smoking gun” was now, according to the US military command, merely a “claim” and a “theory.”
Kurtz, in his May 26 piece in the Washington Post, published portions of the exchange between Miller and Burns that began when the Baghdad bureau chief complained about a May 1 Times feature on Iraqi National Congress chief Ahmad Chalabi. Miller had written the piece without consulting Burns, who had another correspondent in mind for the article.
Miller replied: “I’ve been covering Chalabi for about 10 years, and have done most of the stories about him for our paper, including the long takeout we recently did on him. He has provided most of the front page exclusives on WMD to our paper.” According to Kurtz, she apologized for any confusion, but explained that the MET Alpha “is using Chalabi’s intell [intelligence] and document network for its own WMD work... Since I’m there every day, talking to him...I thought I might have been included on a decision by you” as to who should write the piece on Chalabi.
This is a remarkable admission. Both Miller and Andrew Rosenthal of the Times were understandably reluctant to speak to Kurtz about the e-mail exchange. It essentially acknowledges that a convicted embezzler and right-wing Iraqi exile, with whom Miller speaks on a daily basis, “provided most” of the Times front-page “scoops” on alleged Iraqi weapons of mass destruction.
Chalabi has a long history of dealings with the CIA and US military, as well as with key members of the Bush administration, including Vice President Dick Cheney, Defense Secretary Donald Rumsfeld and Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz. A member of a wealthy family that fled Iraq when the monarch was overthrown by a group of army officers in 1958, Chalabi amassed a fortune as a banker in Jordan. Various allegations have been made concerning Chalabi’s political activities, including collaboration with Mossad, the Israeli secret service, in the 1980s and with Col. Oliver North during what became known as the Iran-Contra scandal in the same decade.
Chalabi is often referred to as an “embezzler,” but it should be noted that he was not convicted of passing bad checks. His Petra Bank, the second largest in Jordan, collapsed in 1989 (Chalabi allegedly fled the country in the trunk of a car), owing hundreds of millions of dollars to depositors. The former chief of Jordan’s Central Bank, Mohammed Said Nabulsi, calls Chalabi “a crook who absolutely cooked the books” (“Recalling Ahmad Chalabi,” Kareem Fahim, Village Voice). He was alleged to have stashed $70 million in secret Swiss bank accounts. Nabulsi claims that the impact of the Petra collapse “was much, much greater than the Enron case.” Half a billion dollars was lost, 10 percent of the Jordanian gross domestic product.
This individual, with the greatest possible motive for having Iraqi weapons found, is apparently the chief source for Miller’s WMD exclusives!
The claims about Iraqi weapons of mass destruction are unraveling, although Bush administration and US military officials still promise that finding them “is a matter of time” (Joint Chiefs of Staff chairman Air Force Gen. Richard Myers on NBC’s “Today” show, May 26).
One of the American media’s new tactics, in the face of the failure of the search for WMD, is to raise the possibility that prewar US intelligence on Iraqi weapons programs was “flawed” or “inaccurate” and argue that efforts should be made to “improve” intelligence-gathering so that such mistakes are not repeated. The obvious purpose here is to block anyone from drawing the conclusion that the Pentagon and the Bush administration were deliberately and consciously lying in order to provide a pretext for a war of imperialist conquest.
The Times ran a piece May 22, “Prewar Views of Iraq Threat Are Under Review by CIA,” that reveals both the unraveling of the administration’s claims and this new tactic. The article reports on a CIA review aimed at determining “whether the American intelligence community erred in its prewar assessments of Saddam Hussein’s government and Iraq’s weapons programs.”
The article, by James Risen, claims that the review is something quite routine, planned last October by Rumsfeld and CIA director George Tenet (at a time when the US government was claiming that it had no definite plans to go to war against Iraq) as a means of gauging the accuracy of prewar intelligence against the reality “discovered on the ground after the war.” The article notes, however, that “The failure so far of American forces to find conclusive evidence either of Iraqi ties to Al Qaeda or unconventional weapons has added urgency to the study’s outcome.”
The review will focus, among other things, on “whether the United States overstated the threat that Iraq was trying to develop biological, chemical and nuclear weapons.” Why it should have done so is never raised. The article refers to the well-known conflict between the Pentagon and the CIA over the alleged threat posed by the Hussein regime, noting that several CIA analysts had complained about pressure from Bush government officials to produce reports “that supported the administration’s positions on Iraq.”
Unhappy that the spy agency was not confirming its claims about the Iraqi threat, Rumsfeld’s Defense Department created a special unit to review intelligence reports. “In some cases, Pentagon officials came to believe that the CIA was too dismissive of information provided by Iraqi exiles and other sources warning of the threat posed by reported Iraqi ties to Al Qaeda and by suspected efforts to develop illegal weapons.” The establishment of this unit apparently set off a furor within the US intelligence community.
The article complacently concludes that “it is becoming increasingly clear that the CIA, Pentagon and other agencies did not know as much about the status of Iraq’s weapons programs and its ties to terrorists before the war as was previously believed.”
In their inimitable and cynical fashion, the Times editors several days later weighed in along the same lines (“Reviewing the Intelligence in Iraq,” May 26, 2003), reporting themselves “glad to see that the Central Intelligence Agency has begun a review of the spy assessments.” After all, they reason, the failure so far to find any WMD “has raised serious questions about the quality of American intelligence and even dark hints that the data may have been manipulated to support a pre-emptive war.” The latter possibility is set aside, never to be mentioned again.
“Given the scant findings in Iraq so far, it is disturbing to recall how gravely the administration portrayed the dangers of Iraq’s unconventional weapons. High officials said Iraq had reconstituted its program to develop nuclear weapons, was continuing to make biological weapons and possessed a large stockpile of chemical agents, some ready to be used against American troops or made available to terrorists.” Not “disturbing” enough, however, to revive those “dark hints” that the entire WMD campaign was a pack of lies aimed at justifying a military invasion of a sovereign nation.
The Times editors are more than willing to give the Bush administration and the Pentagon the benefit of the doubt, observing that “Intelligence estimates about weapons are notoriously difficult to get right.” Nonetheless, they remain disturbed, particularly by the “critical question” of “what information was presented to the president in the run-up to war.” They conclude: “When President Bush and Secretary of State Colin Powell repeatedly assured the world that Iraq’s unconventional weapons were a threat to international security, they relied on America’s intelligence agencies. The country needs to know if the spy organizations were right or wrong.” Excluded from this editorial is another possibility, that the “spy organizations,” the Pentagon and the Bush administration knew the true state of affairs about Iraqi WMD perfectly well and combined to deceive the American public.
Also left out of the Times assessment is the role that the newspaper itself played in the “run-up to war” and afterward, as exemplified by the conduct of its own Judith Miller. Involved here, however, is not the case of one journalist with her own political agenda. The newspaper has been at the center of the propaganda effort to justify US aggression in the Middle East. While urging the Bush administration to gather UN and European support for its attack on Iraq, the Times never cast doubt on the claims about Iraqi weapons of mass destruction.
A January 26, 2003, editorial (“The Race to War”), for example, pontificated, “Saddam Hussein is obviously a brutal dictator who deserves toppling. No one who knows his history can doubt that he is secretly trying to develop weapons of mass destruction.” Following Colin Powell’s presentation at the UN, all of whose allegations have proven to be false, the Times (“The Case Against Iraq,” February 6, 2003) described the performance as “the most powerful case to date” and “a sober, factual case.” Now that this all threatens to go up in smoke, the Times is both seeking to cover its own tracks and deflect attention from the Bush administration’s criminality.
http://www.wsws.org/articles/2003/may2003/mill-m28.shtml28 May 2003
Two Americans shot dead and another nine wounded by unidentified gunmen in Fallujah, two US military policemen badly wounded by a rocket-propelled grenade at a north Baghdad police station, a grenade thrown at American soldiers near Abu Ghurayb. That was yesterday's little toll of violence - not counting the Muslim woman who approached American troops with a hand grenade in each hand, was shot before she could throw the first and then, as she tried to hurl her second grenade from the ground, was finally killed by the Americans. Isn't it time we called this a resistance war in Iraq?
http://news.independent.co.uk/world/fisk/story.jsp?story=410201THE US has floated plans to turn Guantanamo Bay into a death camp, with its own death row and execution chamber.Prisoners would be tried, convicted and executed without leaving its boundaries, without a jury and without right of appeal, The Mail on Sunday newspaper reported yesterday. The plans were revealed by Major-General Geoffrey Miller, who is in charge of 680 suspects from 43 countries, including two Australians. The suspects have been held at Camp Delta on Cuba without charge for 18 months.General Miller said building a death row was one plan. Another was to have a permanent jail, with possibly an execution chamber. The Mail on Sunday reported the move is seen as logical by the US, which has been attacked worldwide for breaching the Geneva Convention on prisoners of war since it established the camp at a naval base to hold alleged terrorists from Afghanistan.But it has horrified human rights groups and lawyers representing detainees.They see it as the clearest indication America has no intention of falling in line with internationally recognised justice.The US has already said detainees would be tried by tribunals, without juries or appeals to a higher court. Detainees will be allowed only US lawyers.British activist Stephen Jakobi, of Fair Trials Abroad, said: "The US is kicking and screaming against any pressure to conform with British or any other kind of international justice."
American law professor Jonathan Turley, who has led US civil rights group
protests against the military tribunals planned to hear cases at Guantanamo Bay,
said: "It is not surprising the authorities are building a death row because
they have said they plan to try capital cases before these tribunals. "This camp
was created to execute people. The administration has no interest in long-term
prison sentences for people it regards as hard-core terrorists." Britain
admitted it had been kept in the dark about the plans.A Downing St spokesman
said: "The US Government is well aware of the British Government's position on
the death penalty."
Herald
Sun
Lo último de los abogados por y campeones de la justicia y de los derechos humanos:
http://www.rebelion.org/imperio/030528guantanamo.htm
28 de mayo del 2003
Herald Sun
Traducido para Rebelión por Marina Trillo
EEUU ha hecho proyectos para
convertir Guantánamo Bay en un campo de exterminio, con su propio corredor de la
muerte y cámara de ejecución. Los prisioneros serían juzgados, condenados y
ejecutados sin abandonar sus fronteras, sin jurado y sin derecho de apelación,
informó ayer el periódico The Mail on Sunday.
Los planes fueron revelados
por el General Geoffrey Miller, quien está a cargo de 680 sospechosos de 43
países, incluídos dos Australianos. Los sospechosos han estado detenidos en el
Camp Delta, en Cuba, durante 18 meses sin que se hayan presentado cargos en su
contra.
El General Miller dijo que la construcción de un corredor de la
muerte era un plan. El otro era tener una cárcel permanente, con posiblemente
una cámara de ejecución.
The Mail on Sunday informó que es visto como
lógico por los EEUU, que han sido censurados en todo el mundo por violar la
Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra desde que estableció el campo
en una base naval para encerrar a los presuntos terroristas de
Afganistán.
Pero ha horrorizado a los grupos de derechos humanos y a los
abogados que representan a detenidos. Lo ven como la indicación más clara de que
América no tiene intención de respetar la Justicia internacionalmente
reconocida.
EEUU ya ha dicho que los detenidos serán juzgados por
tribunales, sin jurados ni apelaciones a tribunal superior. A los detenidos solo
se les permitirá tener abogados estadounidenses.
El activista británico
Stephen Jakobi, de Fair Trials Abroad, dijo: "EEUU está dando patadas y gritando
contra cualquier presión para ajustarse a la justicia británica o a cualquier
otra clase de justicia internacional"
El profesor de derecho
estadounidense Jonathan Turley, que ha liderado protestas de grupo de derechos
civiles estadounidense contra los tribunales militares planeados para juzgar
casos en Guantanamo Bay, dijo: "No sorprende que las autoridades construyan un
corredor de la muerte porque han dicho que planean juzgar casos capitales ante
estos tribunales".
"Este campo fue creado para ejecutar gente. La
administración no tiene ningún interés en condenas de cárcel largas para
personas a las que considera terroristas peligrosos."
Gran Bretaña
admitió que había sido mantenida en la oscuridad sobre los proyectos. Un
portavoz de Downing St dijo: "El gobierno de los EEUU es bien consciente de la
posición del Gobierno Británico sobre la pena de muerte."
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Monday, May 26th, 2003
“Afghan Massacre: The Convoy of Death,” Part 2: Award-Winning
Director/Producer Jamie Doran Alleges a Media Cover-Up of US Complicity in
the Massacre of up to 3,000 Taliban Prisoners
Listen to: Segment || Show Watch 56k stream
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Today, part two of our series on a controversial documentary film that has already been broadcast on national television in Britain, Germany, Italy and Australia and been screened by the European Parliament – but it wasn’t until Democracy Now! broadcast the film on Friday that the film was shown nationally in the United States.
The film is "Afghan Massacre: The Convoy of Death," and it provides eyewitness testimony that U.S. troops were complicit in the massacre of thousands of Taliban prisoners during the Afghan War.
The film tells the story of thousands of prisoners who surrendered to the US military’s Afghan allies after the siege of Kunduz. According to eyewitnesses, some three thousand of the prisoners were forced into sealed containers and loaded onto trucks for transport to Sheberghan prison. Eyewitnesses say when the prisoners began shouting for air, U.S.-allied Afghan soldiers fired directly into the truck, killing many of them. The rest suffered through an appalling road trip lasting up to four days, so thirsty they clawed at the skin of their fellow prisoners as they licked perspiration and even drank blood from open wounds.
Witnesses say that when the trucks arrived and soldiers opened the containers, most of the people inside were dead. They also say US Special Forces re-directed the containers carrying the living and dead into the desert and stood by as survivors were shot and buried. Now, up to three thousand bodies lie buried in a mass grave.
The film also provides footage of CIA officer Mike Spann interrogating American Taliban prisoner John Walker Lindh, just hours before Spann was killed in the famous prison uprising at Mazar-i-Sharif.
The film has outraged human rights groups and international human rights lawyers. They are calling for investigation into whether U.S. Special Forces are guilty of war crimes.
On Friday, Democracy Now! broadcast “Afghan Massacre” for the first time in the U.S. Today, we’ll broadcast excerpts of the film and talk to the film’s director and producer, Jamie Doran.
Today, part two of our series on a controversial documentary film that has already been broadcast on national television in Britain, Germany, Italy and Australia and been screened by the European Parliament – but it wasn’t until Democracy Now! broadcast the film on Friday that the film was shown nationally in the United States.
The film is "Afghan Massacre: The Convoy of Death," and it provides eyewitness testimony that U.S. troops were complicit in the massacre of thousands of Taliban prisoners during the Afghan War.
The film tells the story of thousands of prisoners who surrendered to the US military’s Afghan allies after the siege of Kunduz. According to eyewitnesses, some three thousand of the prisoners were forced into sealed containers and loaded onto trucks for transport to Sheberghan prison. Eyewitnesses say when the prisoners began shouting for air, U.S.-allied Afghan soldiers fired directly into the truck, killing many of them. The rest suffered through an appalling road trip lasting up to four days, so thirsty they clawed at the skin of their fellow prisoners as they licked perspiration and even drank blood from open wounds.
Witnesses say that when the trucks arrived and soldiers opened the containers, most of the people inside were dead. They also say US Special Forces re-directed the containers carrying the living and dead into the desert and stood by as survivors were shot and buried. Now, up to three thousand bodies lie buried in a mass grave.
The film also provides footage of CIA officer Mike Spann interrogating American Taliban prisoner John Walker Lindh, just hours before Spann was killed in the famous prison uprising at Mazar-i-Sharif.
The film has outraged human rights groups and international human rights lawyers. They are calling for investigation into whether U.S. Special Forces are guilty of war crimes.
On Friday, Democracy Now! broadcast “Afghan Massacre” for the first time in the U.S. Today, we’ll broadcast excerpts of the film and talk to the film’s director and producer, Jamie Doran.
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=03/05/26/1632226
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By SAM HAMOD
Yes, it's true, some of the naval force and some pilots have returned home to America and a few of the wounded. But have you noticed, the bulk of our marines and soldiers have not returned from Iraq or Afghanistan. It may be that America has trained a new group of killers that it is afraid to bring home for fear of the havoc they might raise on American soil.
Of course, as of today, it is apparent that Bush wants to attack Iran, and having the troops nearby would make that easier; but, aside from that possibility, which I will cover in another article, there are other more important reasons the troops aren't being brought home. The first has to do with what happened after some of our troops returned from Afghanistan to Fort Bragg--the killing of several wives of the troops, and the beatings of several others when the men came home. There is a fear of a repeat of this scenario. Up to this point, the government isn't sure it has solved the problem. As a friend of mine, Dr. Simon Lesser, a retired Psychiatrist, told me, and I paraphrase, it appears to him that our men are being taught to be killers more than disciplined soldiers and that killer instinct has been so ingrained in our men that they can't turn it off once they've begun killing in combat. This was reinforced recently by Mr. Ambrose Lane, a commentator on WPFW-FM of Pacifica Radio in Washington, DC when he spoke of a soldier who told him that he and his buddies didn't belong in police work in Afghanistan or Iraq because they "were taught to kill, not to handle peace missions."
Another reason has to do with the brutality that some of our men are dishing out to the Afghans and the Iraqis, soldiers and civilians. Just last week we read of four Afghan soldiers being killed by an American compound just because they were getting their weapons out to go on patrol. We have heard in San Diego, from Afghans who hear the news in Dari, by short wave radio, of constant killings by American troops of people they "suspect" of being the enemy--at times they may be the enemy, but often they are men loyal to President Karzai who are armed, or men who do not immediately obey an order to stop or lay down their weapons--who are then shot. The problem was that the men did not speak English and the American troops did not speak Peshtu or Dari!
The brutality of our troops in Iraq is now infamous--the making Iraqis run naked, the beating of civilians (documented by independent reporters and Al Jazeera) and the killing of people who do not respond immediately to English orders to "stop" or "lay down your arms"; once again, it may be a language barrier or it may be a new policy of brutality our men are using.
In all these cases, and in the case of Private Jessica Lynch, none of these soldiers returning are allowed to talk with the media. After Senator Byrd returned from having talked with Ms. Lynch, he seemed even more firm in his resolve to condemn the attack in Iraq and condemned Bush even further. I'm sure, from what I heard in scuttlebutt on the hill that he may have heard the truth from Ms. Lynch, not the dispelled myths that the Bush team keeps trying to spin out for the public about her "heroic" fight and her "valiant" rescue!
As a veteran of two wars, I believe there is a fear that our troops, just as with those who returned from Viet Nam, that the truth will come out and it will cause an uproar in America.
The public will see that our men have become killers, not longer the respecters of human life, of democracy or the humanity of others. I feel echoes of My Lai, and other countless incidents in Viet Nam, Korea, Cambodia and Laos; our men did not act according to our American humane standards (not that they did with the Native Americans, etc.)--at least as our public perceives them to be.
Of course, the military leaders want this covered up as well. It is time for our congress to begin asking questions about how our men are trained and what their killing orders are. Unfortunately, Rumsfeld and company have so buffaloed the congress that they can't get a straight answer from him, so they finally put their tails between their legs and thank him as he saunters off into another plan for another war, wars without end, troops, as was the case with the Roman legions and Napo