PANDEMONIUM  VENEZUELA  WATCH

No. 27


lei esto en la pagina www.gobiernoenlinea.ve Creo que merece
ser difundido mas ampliamente como analisis del gobierno.
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Análisis especial sobre la situación en Venezuela
Análisis Informativo / 03-12-2002

El intento de "Paro" opositor fue parcial, tanto en el interior de
Venezuela como en la Ciudad capital, como consta realmente a quienes
salieron a la calle y laboraron en sus negocios en las distintas ciudades
de Venezuela, más allá de toda ciega credulidad respecto al manejo de las
"cifras" de inasistencia laboral repetidas constantemente por los medios
masivos, las cuales fueron mostradas exagerándolas fuera de contexto, y
sin ninguna precisión ni certeza.

Quienes salieron a constatar por sí mismos lo que ocurría más allá del
entorno domestico - televisivo, y quienes no se prestaron para consumir
la "cadena mediática" con su listado permanente y prefijado de
"entrevistados" (quienes coinciden todos en el mismo "argumento"),
alcanzaron a comprender mejor cómo se elaboró una campaña para fabricar la estrategia de "convencimiento" acerca del "éxito" del presunto paro, el cual ni fue contundente ni tuvo el éxito que algunos creyeron lograr. Es más, se beneficiaron de poder presenciar directamente que dicho "paro" no fue sólo cívico, pues al contrario, se intentaron acciones de características subversivas e insurreccionales, forzado e impuesto
mediante acciones como la colocación de "cajas sospechosas" y el
lanzamiento de lacrimógenas - molotovs contra distintos medios de
trasporte, colocación de tachuelas o montañas de tierra en carreteras en
Táchira, candados con pegamento en las puertas de establecimientos
comerciales y educativos, retirada de embarcaciones con cargamento
petrolero, concentración de manifestantes en zonas de seguridad
resguardadas militarmente, amedrentamientos policiales y desde lujosas
motos, hostigamiento a negocios abiertos y sus clientes, cierre de
servicios públicos por autoridades municipales, etc.

 Éstas acciones ocasionaron desconcierto en quienes que acudieron a los
centros de salud y a sus lugares de trabajo y estudio, por lo que algunos
afectados realizaron protestas, la mayoría de ellas censuradas por los
medios masivos. Posteriormente, cuando el Gobierno responsablemente buscó solventar, en forma legal y bajo el principio de autoridad y cumplimiento de la ley, las violaciones de los derechos fundamentales recogidas en tales denuncias, los causantes de dichas acciones desestabilizadoras y sus defensores- inventaron el falso argumento de supuestas "presiones por parte del sector oficial", buscando así manipular la opinión publica para que ésta favorezca la impunidad e inmunidad de sus delitos. Precisamente cuando el Estado investiga a quienes con el "Paro"encubren su estrategia insurreccional, y luego, legalmente los detiene "in fraganti" en el momento en que cometen aquellos delitos que vulneran a la ciudadanía, entonces (cual delincuente que aboga por su cómplice) aparecen algunos "denunciando" atropellos en una forma muy particular: usan a los medios masivos, y no a los tribunales.

 Con ello se observa que son sectores que no creen realmente en el Estado de Derecho, pues no practican la ciudadanía de dirigir a las
Instituciones competentes sus peticiones ni siguen los canales regulares
contemplados en las Leyes venezolanas. Incluso distorsionan los hechos,
inventando una supuesta "militarización" de los espacios, cosa que nunca
han dicho acerca de la Plaza Francia o de las marchas y de las
actividades que ellos organizan, en la que se encuentran militares
activos, quienes participan en actividades de carácter delictual, pues
violan tanto la normativa militar como la constitucional. Sin embargo, el
Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la protección de la
vida y seguridad de la población, más aún en casos excepcionales, como
cuando hay protestas publicas. Así que el argumento de la "represión"
sobre la ciudadanía, en caso de haberse realmente producido, primero ha
de ser llevado a un tribunal, para que éste dictamine las
responsabilidades del caso y aplique justicia, verificando si el
organismo indiciado está incurso a no en delito o en violación de los
derechos humanos, luego de aportar las pruebas respectivas.

 El tema de las Elecciones, ha de ser discutido con mayor profundidad. En
la formula "Elecciones Ya", pesa más la idea del "Ya" que la de
"Elecciones", pues no están siguiendo los canales regulares de la vía
electoral: No propician la discusión de la Ley Electoral, del Reglamento
que sigue a dicha Ley, de la siguiente terna de postulaciones para la
candidatura a una nueva Junta directiva del Consejo Nacional Electoral
(CNE) realmente confiable y fidedigna, y del procedimiento de
financiamiento correspondiente a cualquier proceso electoral posterior.
Todo ello lleva tiempo, si se pretende hacerlo participativamente, en
forma trasparente, eficiente y democrática. Éstas condiciones no están
dadas hoy en día, pues la actual directiva del CNE no es confiable,
porque forman parte de la misma personas que no poseen las cualidades
requeridas para ejercer dicho cargo de arbitraje: no son independientes
ni neutrales quienes han sido beligerantes en sus publicas posiciones
opositoras, o que han tramado acuerdos parcializados con directivos de
cúpulas empresariales. Éstos hechos graves ya han sido denunciados ante
la opinión publica nacional.

 Por lo antes mencionado, dichos sectores difícilmente pueden adjudicarle
a sus acciones el adjetivo de "Constitucional", pues entre quienes
enarbolan tal idea están incluso aquellos que firmaron recientemente un
pacto "cívico - militar" con sectores infractores de toda legalidad, a
tal punto que intentaron "invitar" al pueblo venezolano a "desconocer el
régimen" mediante una burda manipulación del texto constitucional, al
interpretarlo injustificadamente, o hacerlo en forma fragmentada,
desarticulada y jurídicamente regresiva. Sus practicas y argumentos no
son democráticos, aunque quienes los expongan "presenten" un nutrido
"currículum en la materia", pues su deshonestidad y miopía interpretativa
se refleja en su evidentísimo silencio ante más graves e inaceptables
atropellos ciudadanos contra la población venezolana -como los sucedidos entre los días 11 al 14 de abril del presente año-, especialmente aquella de escasos recursos, violaciones ante las cuales no expusieron con la misma vehemencia sus argumentos "constitucionalistas", si es que los expusieron.

 Hasta ahora el discurso mediático se ha caracterizado por "generalizar"
los hechos, pues un hecho particular de un pequeño grupo pasan a
exagerarlo y extrapolarlo, magnificándolo en sus dimensiones para
"universalizarlo", además de abusar de un simplista criterio de
"representación", con el cual pretenden que el grupo que participó en el
acontecimiento funja de representante del resto de la población. Así, un
"militar" presuntamente habla "a nombre de" la institución castrense, un
empleado petrolero "habla por" la empresa petrolera, un sindicalero
"representa a" la masa trabajadora nacional, un presunto empresario
"simboliza a" todo el sector empresarial nacional, y para colmo, todos
ellos "representan a" la Ciudad capital, y ésta a su vez "al resto de"
Venezuela. Pero en éste ejercicio de "generalización" dejan fuera, en
forma absoluta, a un inmenso numero de venezolanos, inconsultos, quienes por no suscribir su estrategia política, tampoco aparecen en los medios masivos, pues de hacerlo se evidenciarían las fricciones al interior de su "coalición", y  las disidencias respecto a sus planes.

 Ésta misma estrategia les sirve a los medios masivos y a ciertos
opositores que se presentan como "representativos", para eludir sus
responsabilidad en fabricación deliberada de la "crisis" actual, de la
cual ellos tratan de distanciarse, "inocentizando" las acciones de guerra
de baja intensidad (GBI) realizadas desde los medios masivos, las cuales
buscan sembrar desequilibrio y angustia mental además de actitudes de
odio en la población; las maniobras de lobby empresarial - financiero que
influyen negativamente en la macroeconomía nacional; las acciones
meritocráticamente anti- nacionales de un minúsculo grupo con grotescos
privilegios económicos que "labora" en la empresa petrolera bajo
intereses partidistas-que no es de ellos sino del pueblo venezolano en su
conjunto-; las incursiones paramilitares de grupos históricamente armados los cuales son herederos de la violencia adeca, de la incursión
guerrillera de los 70 y de los grupos de exterminio de los 80 -quienes no
han desaparecido sino que ahora actúan como la "mano de obra" en acciones desestabilizadoras-; las rregularidades de una presunta dirigenciasindicalera que no fue legitimada electoralmente en una forma trasparente y libre de cuestionamientos, y la cual en el pasado entregó los
beneficios laborales de los trabajadores a las políticas neoliberales de
pasados gobernantes, siendo ahora asesorados por éstos mismos, etc., etc.  Al contrario, cuál embudo -o gringola- interpretativo, simplifican la
realidad en un discurso presidencialista de corte autoritario, donde el
único causante de todo mal "es el Presidente". Culpando al Ejecutivo y a
los demás poderes públicos (éstos últimos solo aparecen como
"independientes" cuando coinciden con su estrategia), encuentran una
forma más hábil para que la gente "olvide" su diversa participación en
las catastróficas gestiones gubernamentales pasadas y su correspondiente régimen represivo, para tratarla otra vez de renovar en su manido y ambigüo discurso de "reestructuración nacional", del cual se cuidan muy bien de dar públicamente adelantos, "hasta las venideras elecciones" en la cual tratarán de vender "nuevas y abstractas promesas".

 Al sistema democrático basado en la participación popular, protagónica y
constitucional, insistentemente le tildan de "Régimen", para con ello
darle un maquillaje peyorativo y cuestionable, a fin de "realzar" una
artificial imagen de autoritarismo y dictadura que pretenden fallidamente
atribuirle al Gobierno.

 Para ello, se agarran de algunas medidas económicas gubernamentales,
distorsionando su verdadero alcance.  Por ejemplo, el Acuerdo Energético
del Caribe establecido por Venezuela no se realizó sólo con Cuba, pero el
convenio con dicha nación fue "criticado insistentemente" por un grupo
opositor, quien también cuestionó infundadamente otras Leyes, como la Ley de Tierras, la cual busca la redistribución agraria en función de la
Justicia social en tanto principio estipulado en la Constitución vigente;
también la Ley de Responsabilidad Social de los Servicios Mediáticos que
busca dar cumplimiento a la Constitución y a la LOPNA, etc. Aun cuando no han logrado "demostrar" en qué sentido es supuestamente "comunista" el Gobierno, ocultan el hecho de que tanto el ex presidente Carlos Andrés Pérez en el pasado, como EEUU en el presente, han negociado con Cuba y China, y sin embargo no son tildados por ello de "Comunistas".

 Por otro lado, confundiendo sin ninguna ética la propaganda y la opinión
con la información, los periodistas se presentan a sí mismos como la
"noticia", y cómo quienes dan la verdad de los hechos, que son reducidos
y simplificados a meros "Titulares", a meras Encuestas realizadas por
ellos mismos, a entrevistas donde "litigan" los entrevistadores
absolviendo o condenando, mediante elucubraciones infundadas, o mediante videos sesgados que son convertidos, al mismo tiempo, en prueba, acusación y condena inapelable e irreparable, con las cuales incluso han intentado estimular y justificar acciones inconstitucionales. Actúan como si de partidos políticos de oposición se trataran, buscando socavar mediática ente la legitimidad gubernamental. Todo lo anterior viola el derecho a estar informado en forma veraz, oportuna, imparcial, plural y
responsable, lo que ha sido fuertemente cuestionado, incluso
internacionalmente.

 Al ideario popular bolivariano buscan enterrarlo al restringirlo a la
figura presidencial, quien reiteradamente ha dicho de sí que es un
"servidor del pueblo" y un "soldado de la patria". A fin de intentar tal
propósito, estos sectores hablan de "chavismo", para que la población no
se forme políticamente en áreas como la Constitución vigente, los
Consejos de Planificación Pública, la Economía social, las Leyes
Habilitantes y su aplicación, o el Latinoamericanismo, el Bolivarianismo,
el pensamiento de Zamora, Simón Rodríguez, Martì, O` Higgins y Artigas, o
en los principios de la Justicia social, la transformación educativa en
todos sus niveles, el trabajo productivo y soberano, las reivindicaciones
nacionales, etc. Al contrario, lo que persiguen es que el pueblo se
extravíe en una idolatría al Presidente, a quien precisamente intentan
por todas las vías "sacar del juego" mediante acciones cada vez menos
legales, menos constitucionales y menos pacificas.

 Finalmente hay que señalar que los sectores de la oposición buscan con
la estrategia expuesta anteriormente, la instauración de un "Régimen democrático" al estilo hemisférico, según lo prevé un proyecto para América Latina elaborado en el exterior, pues requieren una democracia de baja intensidad (dbi), con una ciudadanía de baja intensidad (cbi), para lo cual han implementado una guerra de baja intensidad (gbi).

 La ciudadanía de baja intensidad se caracteriza por su falta de debate y
crítica, por creer temerosa en la restringida dicotomía "democracia"
versus "caos" -o "dictadura"-, cerrando toda alternativa al análisis de
la realidad socio -política, para con ello favorecer sociedades liberales
socialmente fascistas y formalmente "democráticas". Su "única opción" es
la DBI, caracterizada por torneos electorales sin proyectos realmente
alternativos, donde los electores votan (pero no deciden ni participan
efectivamente) entre opciones constituidas por andidatos con una
orientación pragmática -e incluso cínica-, sin responsabilidad con sus
electores y con inmunidad casi absoluta, pertenecientes a partidos que
derivaron en meras maquinarias electorales y corporativas, los que
aseguran el dominio de élites tradicionales conómicamente influyentes.
Éstas no participan directamente, sino mediante "testaferros políticos"
que son elegidos, mediante la influencia directa e indirecta, de grupos
de presión "especializados" en ciertas áreas de conocimiento técnicas,
mediáticas o paramilitares, en tanto asesores alejados vivencialmente de
la voluntad popular y de toda ética política. Su proyecto es construir
una DBI de ciudadanos desinformados, con legisladores tímidos, jueces
miedosos, donde las instituciones son "infantilizadas" y burocratizadas
para precisar de "tutela externa", preferiblemente hemisférica.

 Desde allí, el bloque trasnacional neoliberal, políticamente
representado en grupos electorales neoliberales, fuerzas oligárquicas
tradicionales y fuerzas para -militares, administrará conjuntamente la
DBI en conjunto con la GBI. Ésta ultima busca penetrar las opciones
políticas de la población, para que "escojan" desde una conducta
individualista temerosa, y una óptica conservadora y reformista,
repartiendo para ello cuotas exiguas de poder, sin alterar el régimen
como tal, a fin de garantizar aquélla democracia formal donde pocos
participan (sólo votando periódicamente). Tales especialistas son los que
se jactan de la "democratización" por la vía de la "transición democrática".

 Además el objetivo a largo plazo de la GBI es atomizar, marginar,
aterrorizar y fragmentar la actuación del pueblo que busca organizarse
desde abajo, que busca juntarse para desarrollar alternativas profundas
de cambio, y condenar con ello la organización del pueblo que ponga en
riesgo el reparto desigual del poder social y político. De ésta manera,
el supuesto paro cívico está "aliñado" con GBI, pues ha requerido de la
coalición entre sesgados medios masivos "en cadena", junto a estrategas
"cívico -paramilitares" de acciones insurreccionales que desconocen todas las Instituciones del Estado y sus leyes. De hecho, se han llamado a sí mismos, "Comité de Conflicto". En los hechos, desconocen su presunto
discurso democrático.

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