PRAGMÁTICOS, RESTAURADORES, MERITÓCRATAS Y DELINCUENTES
El sector energía 1999-2002
Responsabilidades políticas y penales
Víctor Poleo Uzcátegui - Caracas, noviembre 2002


Los buenos capitanes notariados

A la inglesa, en un ensayo cuyo título lo dice todo: el daño que hacen los buenos, Bertrand Rusell estableció la relación entre la fama adquirida y la impunidad subsiguiente, peligro que siempre se corre con las buenas personas [1]. A la criolla, en una caracterización que también lo dice todo: capitanes notariados, Alfredo Maneiro [2] estableció la relación entre las pseudo-vanguardias revolucionarias y el fracaso de los procesos de cambios sociales, peligro que siempre se corre con los capitanes notariados. Para bien calificar en esta categoría política, el capitán notariado ha de ser pragmático. Entiéndase de otro modo, en el justo contexto de la mecánica vectorial. Considere un conjunto de vectores y –en analogía con las fuerzas e intereses del poder constituido– sea cada uno de ellos dotado de atributos propios, concretamente: dirección, sentido y magnitud. El vector resultante es al campo vectorial lo que el pragmático a la política: jinetero del poder constituido. El vector resultante, en definitiva, le debe su existencia y atributos a las fuerzas dominantes, sus notarios. X Devenido en empresario notariado, y no por azar – no para administrar una derrota, sino para aprovecharse políticamente de una histórica victoria, la del 13 de Abril–, el buen pragmático falsifica la causalidad de los problemas. El problema de Venezuela se llama petróleo, en una Venezuela dividida entre los usufructuarios de su riqueza, los menos, y otra de millones que ni siquiera se han enterado de su existencia. Cuando el debate petrolero finalmente ha implosionado PDVSA, y ello gracias a los buenos oficios de la meritocracia golpista, el buen pragmático aboga por despolitizar PDVSA. Cuando, por extensión, el debate petrolero llegó a la calle, el buen pragmático aboga por luchar contra la pobreza.

Cuando, por fuerza de los hechos, se impone una limpieza ética en PDVSA, el buen pragmático otorga amnistías y administra artilugios llamados cogobierno y mesas de diálogo. El buen pragmático cree tener ideas propias, de allí su tribalismo. Sólo un cierto lumpen político podría aceptar sumisamente que la jerarquía y el partido devengan, una vez más, en un fin en sí mismo. El buen pragmático anhela un chavismo sin Chávez, exabrupto político, y cultiva su esperanza de ser ungido en la transición negociada. En su momento, el también pragmático y abogado Kerenski apostó a una transición negociada. Transcurridos tres años de intensa lucha de clases, las organizaciones de izquierda, tribalizadas por capitanes notariados, parecen haber ocupado sus recursos en una acomodaticia defensa del gobierno y no en el forjamiento del poder popular, permitiendo el avance impune de una contrarrevolución cuyo botín de guerra se llama PDVSA.

Alí Rodríguez y Andrés Mata “La concertación nacional es vital
para superar la pobreza”. El Universal, 18-10-02. Economía.

PDVSA - meritocracia si, política no

Despolitización y meritocracia (gobierno o poder del mérito) son paradigmas inducidos a conveniencia para derrocar al Estado-Propietario el 11 de Abril 2002 cuando, por primera vez en 25 años, el Directorio de PDVSA es nominado con entera autonomía política por el Jefe de Estado [3]. Que no quepa duda alguna: el Directorio de PDVSA es de naturaleza política, siendo su razón última la toma del poder absoluto en PDVSA. Irónicamente, es R. Mandini [4], alabardero lúcido de una clase meritocrática en extinción, quien reivindica “la toma del poder absoluto” en PDVSA [5]. Y el poder en PDVSA es el poder en Venezuela. El Directorio de PDVSA es nominado para dirigir políticamente a PDVSA y no para ser dirigido meritocráticamente. Veamos: de cada 100 dólares recaudados [6] por PDVSA, 80 dólares son auto-asignados para sembrar el petróleo en el petróleo, mientras que los restantes 20 dólares le son residualmente concedidos al Estado-Propietario.

Dicho en cifras del año 2000: la factura petrolera consolidada fué de 50.000 millones de dólares y –luego de su anualizado ataque fiscal a PDVSA–, el Estado-Propietario recibió 10.000 millones dólares, mientras que los restantes 40.000 millones (80%) de dólares fueron distribuidos por la meritocracia entre el capital petrolero internacional y sus personalizados costos corporativos [7]. La inercia de los intereses corporativos continúa intacta. Los ingresos corrientes de la Nación para el 2003 se estiman en 20.000 millones de dólares, de lo cual 10.000 millones son ingresos fiscales petroleros, al precio de 18 $/barril [8]. Pues bien, siendo que esos 10.000 millones de dólares representan un 50% del total de los ingresos fiscales de la Nación, no es difícil concluir que el tamaño de los ingresos consolidados de PDVSA es dos y media veces el tamaño de los ingresos ordinarios del Fisco nacional.

Tal asimetría financiera es la razón de ser del meta-estado PDVSA, afianzado en el poder petrolero del capital internacional. Sobran entonces razones para derrocar cualquier gobierno cuya osadía dejase al descubierto las inmensas cantidades de dinero estafado a la Nación y los groseros privilegios acumulados por el movimiento meritócrata, no importando el daño patrimonial y pérdidas humanas que de nuevo causen los evangelizadores de la desnacionalización de PDVSA y de su entrega al capital internacional. En apariencia, sin embargo, Washington no quiere ya repetir su golpe al sistema democrático venezolano: está satisfecho con la Junta Directiva post-golpe en PDVSA [9] y de su apropiación plena de la nueva política petrolera estatal, giro de 180 grados, suministro seguro y confiable ad infinitum. Corrupción y traición envilecen el proceso de cambios estructurales iniciados en Venezuela desde 1999. La corrupción, impune y creciente, es herencia que anida en las empresas estatales del petróleo, de la electricidad, del aluminio y del acero, y, en general, en la Administración Pública. La traición anida en la mayoría de quienes accedieron al poder gracias a la voluntad de cambio de un pueblo que quiere ser dueño de su destino. Las llamadas fuerzas motrices de la revolución están tan afectadas por la descomposición como las encargadas de mantener el status. Infelizmente, de un aquelarre tal se nutrió la conducción del Sector Energía venezolano durante estos tres primeros años revolucionarios.

Alvaro Silva Calderón

De Alvaro Silva Calderón, ministro de la prudencia y sabiduría jurídica (ex ministro de la Energía), alguna indicación ya teníamos de su poco entusiasmo por colegiar y pluralizar la reflexión, por fertilizar el debate; supimos, con el desconcierto que entonces ello nos causó, de su velado entusiasmo por privilegiar cónclaves en oposición a asambleas (sus palabras de ayer, sus hechos cumplidos de hoy). El rechazo al debate es, de facto, el rechazo al conocimiento, un bien tan escaso como abundante es su atávica penalización por ésta nuestra cultura de capitanes notariados. Luego de negociar –junto con Diosdado Cabello, Alí Rodríguez y Bernardo Alvarez (who?)–, la re-entrega de PDVSA al capital internacional y a la meritocracia golpista, Silva Calderón oficia actualmente [10] su jerarquía sin auctoritas en el Secretariado General de la OPEP, Viena. Los valores nacionalistas de la clase dirigente árabe-islámica ya coliden agriamente con los usos y costumbres adeco-palaciegos de A. Silva, mientras que su discreta estatura intelectual le es estigma en un medio profesional internacional que, por mandato de sus estatutos, privilegia el pensamiento científico. Su Ley Petrolera de Noviembre 2001, conjurada luego de mucho pujar durante 40 años en una escuela parlamentaria envilecida, es la justa medida de este combatiente de envejecidas ideas políticas, sacristán y restaurador. En su escuálida Ley Petrolera [11] –suerte de ordenanza municipal antes que una Ley de rango cuasi-Constitucional–, Alvaro Silva desunifica la legislación de hidrocarburos y, por extensión, desunifica la Industria Nacional de la Energía; fabula tecnologías de hidrocarburos; exuda intoxicación jurídica a la hora de caracterizar empresas hábiles para producir, refinar y comercializar; consagra un tratamiento acientífico de los tributos fiscales petroleros; ignora Ciencia, Tecnología y Ambiente; elude el obligado capítulo acerca de la gobernabilidad por el Estado de su estatal PDVSA; desconoce la vinculación entre Renta Petrolera y Crecimiento Económico; y, finalmente, ignora lo que, a nuestro juicio, es el quid de política petrolera: la regulación de la producción y el control de la comercialización, ya que no es suficiente con la propiedad de las reservas. En breve: Alvaro Silva legisló para el pasado, su pasado. Precisamente por ello, su Ley Petrolera es la oportunidad perdida: pudo haber sido Ley y no lo fué [12], pudo haber sido Política Petrolera y tampoco lo fue.
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Continuación - Estafa contínuada y agravada

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